Las razones del Estado

Artículos | 14/04/2014 – 00:00h

Xavier Antich

XAVIER ANTICH

Martes 8 de abril del 2014. Congreso de los Diputados. Se debate la propuesta del Parlament de Catalunya para delegar en la Generalitat la competencia de autorizar, convocar y celebrar un referéndum sobre el futuro político de Catalunya. Son siete horas de debate que acaban en una votación inequívoca: propuesta rechazada. Se dicen muchas cosas y merece la pena hacer un esfuerzo de síntesis para extraer las razones con las que el Estado rechaza la propuesta catalana formulada a través de sus representantes. Prestemos atención a las razones del Estado tal como fueron expresadas por el presidente del Gobierno y por el líder del principal partido de la oposición, voces autorizadas de los únicos partidos que han gobernado en la España constitucional.

En realidad, el debate fue muy confuso, pues fueron varios debates en uno. El principal, sobre la transferencia solicitada. Pero hubo, como mínimo, dos más: uno, sobre las causas del malestar en Catalunya, donde se pudieron escuchar interpretaciones curiosas, pues el objeto de la insatisfacción de la mayoría parlamentaria catalana con el actual modelo que define la personalidad jurídica y política de Catalunya no fue atendida en su formulación explícita, dando lugar con ello a una sesión pseudopsicoanalítica, algo chocante, en la que Rajoy y Rubalcaba plantearon lo que a su juicio es la opinión de los ciudadanos de Catalunya. Para Rajoy, un error de análisis impide a los catalanes reconocer que nunca han tenido tanto autogobierno como hoy y que, por tanto, se equivocan al considerar que el trato fiscal es injusto, su lengua maltratada, sus instituciones minusvaloradas y los compromisos incumplidos. Peculiar, ¿no? Para Rubalcaba, hay un problema “de relaciones” entre Catalunya y España, y “un problema de convivencia”, afirmaciones que, aparte de ser una barbaridad, no son ciertas: el problema es de la mayoría de los ciudadanos de Catalunya con el Estado español. Quien no quiera verlo, está ciego.

El segundo debate colado en la sesión, y no era el tema del día, fue sobre la independencia de Catalunya. Rajoy y Rubalcaba, legítimamente, se mostraron en contra. Lo que no es tan legítimo es que fuera argumentado para rechazar la posibilidad de consultar a los ciudadanos de Catalunya sobre su futuro político. Ambos políticos contestaron por nosotros. Pero lo que debía debatirse no era su opinión sobre ello, sino precisamente saber si los ciudadanos de Catalunya, como hicieron ellos, podemos expresar nuestra opinión de la forma que en democracia se expresan estas cosas: votando.

Respecto al debate esencial, la respuesta ya se dio con la lectura inicial del criterio del Gobierno. Y las razones esgrimidas fueron varias. En primer lugar, “ni el aspecto formal ni el fondo del asunto tienen cabida en el marco constitucional”. En segundo lugar, el pueblo español es el titular de la soberanía y, por tanto, no se le puede privar “de su derecho a decidir sobre su futuro colectivo”. En tercer lugar, los referéndums sólo permiten consultar sobre lo que se va a decidir, y “no caben consultas meramente especulativas”: puesto que Catalunya no puede decidir su separación de España, “tampoco lo puede técnicamente consultar”. Y en cuarto lugar, ni el Gobierno, ni las Cortes Generales ni el Parlament pueden autorizar lo solicitado. Estas fueron las razones jurídicas leídas por el secretario primero. En esencia, antes de que los representantes del Parlament hubieran siquiera hablado, el Estado, a través del Gobierno, ya había respondido. Las intervenciones de Rajoy (MR) y Rubalcaba (AFP) redundaron al unísono en estas razones y añadieron tres más. 

Primera: la ley inapelable. Ambos coincidieron en una peculiar interpretación de la democracia: “La democracia es el imperio de la ley” y “ser demócrata implica aceptar esa obediencia a la ley” (MR); “esa es la esencia de la democracia, ese es el primer principio democrático: cumplir las leyes” (APR). Puesto que, según su criterio interpretativo de la Constitución, la propuesta va contra la ley, debe rechazarse. Sin embargo, muchos constitucionalistas y juristas, algún “padre de la Constitución” y, claro, la mayoría del Parlament discrepan de esta lectura.

Segunda: la soberanía indivisible. “Lo que pretende ese referéndum (…) es proclamar una soberanía que no existe”; “una parte no puede decidir sobre el todo” (MR). Rubalcaba rubricó: “Puestos a consultar, consultemos a todos”, pero inmediatamente añadió: “Si lo digo, no es para hacerlo”. La opinión contrasta con la de la mayoría de los ciudadanos de Catalunya, quienes, desde el principio de la transición hasta hoy, han asumido, en la calle y en la práctica política, que Catalunya es una nación.

Tercera: la historia clausurada. “Cada constitución clausura el pasado”; “la última anula todas las anteriores”; “es un punto y aparte en la historia que deja las cuentas saldadas” (MR). El recordatorio de que algunos defendieron “los derechos históricos” (APR) no inició siquiera una mínima discrepancia entre ambos. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos de Catalunya, tal como se expresa parlamentariamente, tiene una opinión diferente.

La conclusión del debate es inapelable: la muy mayoritaria aspiración política de los ciudadanos de Catalunya a ser consultados sobre su futuro político no tiene cabida en el actual Estado español. Le toca ahora al Parlament, que, como proclama el Estatut, “representa al pueblo de Catalunya” y que, por tanto, deberá dar con la forma de responder a esta aspiración mayoritaria.

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