Técnicos de Hacienda subrayan que Aznar sí defraudó pero que no ha cometido un delito

  • El sindicato Gestha le recuerda al excpresidente que declaró todo en sociedades pero no en el apartado de IRPF, motivo por el que se le acusa de haber cometido una “infracción grave”
  • No es injurioso hablar de fraude, dicen los técnicos, pero sí de delito ya que para ello la cantidad defraudada tendría que superar los 120.000 euros

El expresidente del Gobierno, José María Aznar.  EFE

El portavoz del Sindicato de Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que el expresidente del Gobierno, José María Aznar, sí que “defraudó” a Hacienda al no haber declarado por IRPF unas cantidades que se correspondían a este impuesto y no al de Sociedades. Además cree que “en esta ocasión” el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha actuado “correctamente” al no haber confirmado ni desmentido ninguna información tributaria en relación con el expresidente Aznar.

Mollinedo ha realizado estas declaraciones tras el comunicado de José María Aznar en el que anunciaba que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General del Estado “por revelación de datos tributarios” tras publicarse en OKdiario que la Agencia Tributaria le había realizado una inspección fiscal. En el citado comunicado, el expresidente asegura que es “injurioso hablar de defraudación” porque todos sus ingresos han sido debidamente declarados en todos los ejercicios tributarios. También afirma que ha dejado pasar unos días a la espera de que alguien diera las explicaciones oportunas, aunque sin mencionar al ministro de Hacienda.

Según el relato del Aznar, la Agencia Tributaria le realizó en 2013 una inspección sobre sus declaraciones de 2009 y 2010 del IRPF y del Impuesto de Sociedades de Famaztella, S.L, “que se cerró de conformidad en 2014”.

Sin embargo, el portavoz de los Técnicos de Hacienda aclara que no es cierto que sea “injurioso”, como afirma Aznar, cuando se dice que “defraudó” porque, señala, se le ha puesto una “infracción grave” en aplicación del artículo 191 de la Ley General Tributaria.

En el caso de Aznar, precisa Mollinedo, esta infracción se sancionan con entre el 50 y el 100% de la cuota defraudada, pero añade que al cerrarse el expediente “en conformidad”, la sanción se queda en el 26% de la cuota defraudada, que es el “mínimo”.

Mollinedo admite que José María Aznar declaró todo en sociedades, pero precisa que no lo hizo en renta: “Es de suponer, porque no tenemos el expediente, que se haya considerado que los ingresos de las conferencias que ha impartido el expresidente del Gobierno no se hayan aceptado por parte de la inspección como ingresos de la sociedad mercantil porque son ingresos personalísimos”.

En este sentido añade que en el caso del expresidente “no hay nada que la sociedad aporte a las opiniones que expone en una conferencia”. Otra cosa distinta, afirma, son los libros que ha escrito, que se consideran como una “actividad empresarial”, y en ese caso sí se pueden facturar a través de una sociedad.

Por lo tanto, concluye que “es correcto hablar de defraudación” y precisa que “lo que sería injurioso es hablar de delito” por que para eso, la cuota defraudada tendría que ser superior a 120.000 euros y haber “ánimo de defraudar”. En este caso, Mollinedo deduce que habrá declarado todo en sociedades, “lo que le exime de delito”.

Difícil determinar quién está detrás de la filtración

En cuanto a la denuncia presentada por Aznar en la Fiscalía General para que se investigue la filtración de sus datos tributarios, José María Mollinedo ve casi “imposible” que se pueda determinar “de manera indubitada” quién ha sido el responsable dada la cadena que hay desde que se inicia la inspección hasta que se concluye.

Según el portavoz de Gestha, es posible que se pueda saber “cuántas personas han accedido a la información, pero “no quién la ha filtrado”. Así, explica que en Guzmán el Bueno hay dos macro unidades formadas por técnicos dedicados a investigar sociedades patrimoniales. Señala que “en circunstancias normales”, es decir, para cualquier contribuyente que no sea una persona “relevante”, quienes conocen los datos son el técnico, el jefe de la unidad y el inspector jefe de Madrid.

“La inspección la termina el técnico, el jefe valida el expediente y el inspector jefe de Madrid es el que confirma el acta de conformidad”, apunta. Sin embargo, dice que “aunque en la normativa no está previsto”, es “fácil” que en el caso de un contribuyente relevante como lo sería el expresidente del Gobierno, “haya habido más personas por encima del inspector jefe” que hayan tenido conocimiento del citado expediente. “Es una conjetura, no se sabe si ha sido así”, recalca, pero insiste en que “la práctica” señala que “para determinados contribuyentes” cualquier actuación a adoptar “va a ser sometida a un criterio superior”.

Sobre todo, señala, cuando se adopta una decisión que puede suponer “pisar callos” y recuerda el caso de CEMEX, en el que la sanción era de 400 millones de euros y acabaron cesados varios miembros de la inspección: el delegado central de grandes contribuyentes cesó al jefe de la oficina técnica y a su adjunta y al jefe de la inspección de la delegación central y al director de inspección lo cesó el director de la agencia.

 

Fuente: Infolibre

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