Por qué quiere Podemos someter a la prensa

El líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Pablo Iglesias asume las tesis populistas de derribar los medios de comunicación críticos mediante la intervención política y la sanción pública. La formación reabre el debate sobre el poder mediático ante la inminencia de nuevas elecciones generales.

El “espacio académico” en Pablo Iglesias no existe. El líder de Podemos solo contempla el universo de la semiótica y la comunicación, la forma de rentabilizar sus mensajes y controlar a los mensajeros, por encima incluso de los contenidos programáticos. Mientras que sus principios ideológicos han dado bandazos hasta diluirse en el mercadeo del parlamentarismo, su desenfrenado amor por la intervención política del universo mediático no desfallece. Por esto sería un error pensar que su andanada contra un periodista de El Mundo esta semana fue gratuita, un calentón. Iglesias pidió disculpas por sus críticas al redactor, pero insistió en mantener su ofensiva contra los medios de comunicación, preparando preventivamente el terreno hacia las nuevas elecciones generales. “Esta bien que yo pueda manifestar mi opinión sobre los medios de comunicación que condiciona líneas editoriales, eso es justo, pero no está bien que yo diga eso y personalice con un redactor”, dijo el dirigente.

Ante ello caben dos opciones: que Pablo Iglesias sea un torpe neófito de la política y que no comprenda que los medios de comunicación privados, sean quienes sean sus propietarios, responden ante sus lectores individuales, últimos responsables de la difusión del mensaje; o bien que Iglesias, preparando su salto al poder institucional, haya acelerado la adopción de las tesis de regímenes populistas, expertos en la elaboración de tesis políticas sobre el control de medios privados, como el régimen chavista, diestro en el cierre de medios de comunicación. La dirigente de Podemos, Carolina Bescansa, despejó ayer estas dudas: tras disculpar a Iglesias, afirmó que “es necesario abrir un debate sobre cómo funcionan los medios por dentro” porque los periodistas “se encuentran con muchas dificultades a la hora de transmitir sus noticias”. La campaña está servida.

El programa electoral de Podemos para las elecciones europeas en 2014, su texto fundacional, considera el sector de las telecomunicaciones como “estratégico” y propone “la separación por ley de la propiedad de los grupos financieros y comunicativos” para garantizar “la independencia de todos los medios de información de los diferentes gobiernos y grandes grupos empresariales”. Posteriormente se propone la creación de más medios públicos y una “cuota mínima” de medios “independientes”. ¿Pero independiente de quién?

Una vez siendo eurodiputado el líder de Podemos expresa, en el libro Conversaciones con Pablo Iglesias, que “los medios de comunicación, por lo menos una parte, tienen que tener mecanismos de control público”, porque “si el derecho a la información es un derecho democrático, la concentración de la propiedad es incompatible con ese derecho”. Es decir, el supuesto saneamiento mediático va mucho más allá que la intervención, pública o popular, de los canales privados, es necesario equilibrar la balanza con la supresión de ciertos medios y la creación de otros nuevos (independientes). Iglesias afirma en julio de 2014 que “el 95% de lo que leemos, vemos y escuchamos en España es propiedad privada de extranjeros. Ni siquiera son españoles”, y que es necesario terminar “con los oligopolios de la comunicación”. Puede deducirse que la opinión publicada no es fruto de nuestros ciudadanos sino de intereses externos que amenazan la soberanía popular nacional.

En agosto de 2009, el ministro chavista Diosdado Cabello cierra 34 emisoras de radio en Venezuela con el siguiente escrito: “Es grato dirigirme a ustedes para notificarles que estarán fuera del aire”. “Cuando tomamos la decisión en el Gobierno nacional y revolucionario de democratizar el espectro radioeléctrico, de acabar con el latifundio mediático, lo estábamos diciendo en serio, no estábamos jugando”. “Estas son las primeras”, advierte, porque existían 250 otras emisoras (40 televisiones y 210 radios) acusadas de “lavar el cerebro a los venezolanos”.

El expresidente venezolano Hugo Chávez escribió: “Otra de las amenazas que tenemos para nuestro proceso democrático es el tema mediático; no hay que perderlo de vista, hay que reconocerlo, evaluarlo, trabajarlo”. En 2015 el diario Tal Cual, propiedad de un opositor venezolano, cerró denunciando el “acoso sistemático del Gobierno” mediante continuas inspecciones laborales y fiscales, sanciones y denuncias judiciales y “presión sistemática sobre los anunciantes”, todo ello ya bajo el mandato de Maduro.

El afán de control sobre los medios no es exclusivo de Venezuela. Ecuador aprobó en 2013 la Ley de comunicación, conocida en el país como Ley mordaza, bajo la cual los medios pasan a ser “un servicio público” , con la creación de una comisión supervisora capaz de aplicar sanciones sobre los contenidos y la opinión emitida, y estará habilitada para retirar frecuencias de radio y televisión si así lo considera. La elección de los miembros de estas comisiones recae en el Presidente del Gobierno, Rafael Correa.

Iglesias aplaudió en su día la ley mordaza ecuatoriana: “la gestión de la información no puede depender únicamente de hombres de negocios y su voluntad por permitir la libertad de expresión”, expone en Conversaciones. La libertad de expresión debe ser controlada según quien la dirija.

La coacción, cuando no disolución, de los medios privados se combina con un incremento de la presencia política en los medios públicos. Si todos recordamos el Aló Presidente de Hugo Chávez, Pablo Iglesias todavía duda de si mantener su programa de televisión, que él presenta, La Tuerka, en el caso de alcanzar la presidencia del Gobierno. El solo hecho de que no descartase en su día de forma rotunda su permanencia televisa es ya bastante inquietante. En el documento que Podemos entregó al PSOE para negociar un Gobierno, se prometía a configurar RTVE para que se programen “espacios sistemáticos específicos en horario relevante para hacer realidad el derecho de acceso a medios políticos y sociales significativos”, dice el documento.

Es cierto que el poder político, esté donde esté, juega peligrosamente con las líneas rojas de la libertad de información, politizando los medios públicos. El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, llegó a proponer en su día multar a los medios de comunicación que revelaran informaciones bajo secreto de sumario. Pero ningún otro político como Pablo Iglesias tiene metido entre ceja y ceja la aspiración populista de someter y sojuzgar a la prensa libre y crítica. Y es que, efectivamente, lo de esta semana es todo menos un calentón.

Fuente: Expansion

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