Ordóñez aprobó los finiquitos de oro 15 días después de quebrar Lehman

 

Los sindicatos del Banco de España estudian llevar el asunto a la Fiscalía

Lea la carta de Miguel Ángel Fernández Ordoñez al Tribunal de Cuentas

El ex gobernador del Banco de España aprobó pagar indemnizaciones doradas con dinero público a los altos cargos de la institución apenas 15 días después de la quiebra de Lehman Brothers y en plena tormenta en los mercados financieros. El actual gobernador, Luis Linde, confirma en una carta remitida al Tribunal de Cuentas que la decisión de la Comisión Ejecutiva del Banco de España sobre el sistema de doble indemnización a altos cargos se produjo el 1 de octubre de 2008. Es decir, dos semanas después de la quiebra del banco estadounidense.

En aquella fecha, Ordóñez y su cúpula aprobaron un sistema por el cual si un alto cargo dejaba la institución pública voluntariamente tendría derecho a «una indemnización equivalente a la de su despido improcedente de 45 días por año trabajado», según describe el Tribunal de Cuentas en un crítico informe publicado por este diario el pasado martes. Aesta indemnización se añadía otra, la del 40% del sueldo durante seis meses a cambio de esperar ese plazo de incompatibilidad antes de fichar por algún banco o entidad financiera supervisada.

El conjunto de ambas reportó en 2012 al ex secretario general del Banco de España, José Antonio Alepuz, un total de 322.961 euros al dejar la institución pública antes de incorporarse a la Caixa, lo cual no solo suscita críticas del Tribunal de Cuentas sino que ha provocado un escándalo entre los propios empleados de la institución que desconocían este reparto secreto de indemnizaciones de sus superiores.

El Tribunal de Cuentas dio la oportunidad a Fernández Ordóñez de presentar alegaciones, pero éste asegura que no tiene «ninguna observación» que hacer, según la carta reproducida por este diario. El ex gobernador se adhiere a las alegaciones presentadas por su sucesor que tampoco hace puntualizaciones de fondo ni explica por qué se tomó aquella decisión en 2008. Son fechas en que la crisis de Lehman Brothers sugeriría otro tipo de prioridades en el orden del día de las reuniones de la época de la Comisión Ejecutiva en vez de indemnizaciones a su cúpula. El propio Alepuz participó en aquella reunión, aunque sin voto, al ser secretario general.

Apenas seis días después de aprobar tal sistema indemnizatorio, Fernández Ordóñez compareció en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados y alertó de la necesidad de rebajar el déficit público y contener los costes salariales. «Tengo que reiterar el mensaje de prudencia en la gestión de la política fiscal (…) Hay que evitar la inercia alcista [salarial] (…) Desde la caída de Lehman aquí todo ha cambiado, ha supuesto un cambio radical de pérdida absoluta de confianza en los mercados (…) La situación es tremenda», afirmó el entonces gobernador socialista subrayando a los diputados «la gravedad de la situación».

En sus alegaciones al Tribunal de Cuentas, Linde adjunta un documento en el que confirma que un sistema similar fue aprobado anteriormente, en julio de 1997 en la época de Luis Ángel Rojo. Ordóñez tuvo oportunidad de acabar con él, pero lo volvió a aprobar en 2008.

Fuentes del Gobierno de Zapatero en la época aseguran a EL MUNDO que se desconocía este acuerdo interno del Banco de España que solo ha sido conocido indirectamente y no en su totalidad, gracias al informe del Tribunal de Cuentas. El Banco de España no publica los acuerdos de la Comisión Ejecutiva, según la respuesta oficial ofrecida a este diario.

La Ley de Autonomía del Banco de España faculta a la institución a quedar al margen del resto de la Administración y a mantener prebendas propias. De hecho, el propio Fernández Ordóñez pudo percibir en 2012 al cesar en su cargo el 80% de su sueldo durante dos años (348.751 euros) sin verse obligado a optar expresamente entre esta cantidad o, por ejemplo, su pensión de jubilación como sucedió al resto de destituidos en el Gobierno de Zapatero en el mismo año.

Fuentes sindicales del Banco de España aseguran que el informe del Tribunal de Cuentas ha caído como una bomba en la institución y que algunas de las fuerzas sindicales mantienen contactos para llevar el asunto a la Fiscalía. En la Asociación del grupo directivo, la de los funcionarios de más alto rango por debajo de la cúpula, se plantean ya denunciar las indemnizaciones similares a despido improcedente al Fiscal para que estudie si pueden constituir malversación de fondos públicos o algún otro delito penal.

Diversos participantes en aquella decisión continúan siendo altos cargos del Banco de España, aunque la Comisión Ejecutiva ya presidida por Linde acabó con ese sistema de doble indemnización a altos cargos en mayo de 2013.

Fuente: El Mundo

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